Ofensiva contra los clubes cannábicos, un retroceso que atenta contra los derechos de las personas que usan cannabis y sus derivados.
24/07/2024| Publicaciones
Las Metzineres alzamos la voz contra el cierre de los clubes cannábicos.
Las Metzineres nos oponemos firmemente a la decisión del Ayuntamiento de Barcelona que, con sus políticas prohibicionistas y retrógradas, ha sancionado económicamente y clausurado a distintos clubes sociales de cannabis (CSC) en la ciudad, poniendo en riesgo un modelo internacionalmente reconocido como una alternativa segura y responsable al mercado no regulado de cannabis.
Los CSC funcionan en Barcelona desde hace más de 25 años. Desde aquel entonces se han ido consolidando como un lugar seguro para el consumo, ofreciendo información fiable a sus miembros, reduciendo los riesgos asociados al mercado no regulado y promoviendo un enfoque antiprohibicionista y libre de estigmas.
La ecuación es sencilla: el uso del cannabis no desaparecerá prohibiéndolo, su consumo seguirá vigente pero trayendo consigo la criminalización, estigmatización y el favorecimiento de políticas y prácticas violentas y abusivas contra nosotras
Los CSC tienen la potencialidad de acompañar y favorecer una política pública enfocada a la mejora de la salud y el bienestar de las personas consumidoras y sus comunidades. Permiten un abordaje integral, que en nuestro caso contribuye a sobrellevar las situaciones de vulnerabilidad y sobrevivir las violencias que encaramos las mujerxs. Mientras en los clubs encontramos información objetiva y un espacio seguro que nos provee del apoyo necesario en caso de tener problemas relacionados con el consumo, el ayuntamiento nos criminaliza y obliga a recurrir a mercados ilegales y opacos.
Mientras en países como Uruguay, Sudáfrica, Malta y Alemania los CSC ya tienen un marco legal regulatorio, el Ayuntamiento de Barcelona toma la decisión arbitraria de retroceder. Sin atender a la robusta evidencia de los beneficios de este modelo pionero.
Las Metzineres afirmamos que es urgente desarrollar políticas sobre el uso de drogas que respeten los derechos humanos de las personas consumidoras y reparen los daños que causa la prohibición y la criminalización, como la violencia de género, el encarcelamiento y la injusticia económica y social. Porque es imposible construir, a través del prohibicionismo, una sociedad donde las causas estructurales de exclusión sean eliminadas y en la que todas tengamos derechos a una vida plena, digna y libre de violencias.
